Samborondón (Guayas).- La mañana de este martes 12 de enero de 2016 se realizó el acto de entrega de una motobomba por parte de la Secretaría de Gestión de Riesgos al Cuerpo de Bomberos de Guachapala, de la provincia de Azuay. El vehículo fue donado por Japón al estado ecuatoriano en el marco de los convenios de cooperación internacional que impulsan ambos países, con el objetivo de reducir los riesgos y fortalecer las capacidades de la población.

El evento protocolario contó con la presencia del vicealmirante Luis Jaramillo, Secretario de Gestión de Riesgos; Jaime Simón Isaías, Cónsul General Ad-honorem de Japón en Guayaquil; Raúl Delgado, alcalde del cantón Guachapala; el teniente coronel José Mauricio Condo, jefe del Cuerpo de Bomberos de Guachapala y otros invitados.

En la ceremonia, que se desarrolló en el edificio del Centro Integrado de Seguridad (CIS), en la vía La Puntilla – Samborondón, el Secretario de Gestión de Riesgos expresó su gratitud a la Asociación de Bomberos de Japón por la donación del automotor. “La motobomba permitirá reforzar las capacidades actuales del Cuerpo de Bomberos de Guachapala. Nuestro agradecimiento a Japón por el apoyo recibido en todos los ámbitos de cooperación internacional”, afirmó.

Durante el acto de entrega, el jefe del Cuerpo de Bomberos de Guachapala aseguró que esta donación es importante para ellos, debido a que no tenían cómo movilizarse para poder atender las emergencias. “Esto nos permitirá continuar con nuestra misión para salvaguardar la vida de nuestros hermanos”, destacó.

La Secretaría de Gestión de Riesgos (SGR) realizó una evaluación de las necesidades de los Cuerpos de Bomberos del país para escoger al beneficiario de la motobomba. “País que no gestiona un riesgo tiene un desastre anunciado”, señaló el vicealmirante.

Por su parte, el alcalde de Guachapala expresó su alegría por el apoyo que brinda la SGR a los Municipios para poder mitigar los riesgos.

Es así que el Gobierno Nacional, a través de la Secretaría de Gestión de Riesgos (SGR), ratifica su compromiso de garantizar la protección de personas y colectividades de los efectos negativos de los eventos adversos de origen natural o antrópico.