Ibarra (Imbabura).- Alrededor de 1.500 hectáreas fueron afectadas en la provincia de Imbabura a causa de los incendios forestales. Un trabajo coordinado entre las instituciones de primera respuesta y la participación de la comunidad se evidenció en la acción  oportuna ante los incendios forestales suscitados.

Los representantes de la Secretaría de Gestión de Riesgos (SGR), el Ministerio del Ambiente (MAE) y el Cuerpo de Bomberos, con la presencia del Gobernador de Imbabura  Diego García, rindieron cuentas a la ciudadanía, este lunes 15 de septiembre de 2014, a través del programa “Imbabura Habla”.

La doctora María del Pilar Cornejo, Secretaria de Gestión de Riesgos, vía telefónica, señaló que existe un Sistema Nacional Descentralizado de Gestión de Riesgos que es coordinado por esta Cartera de Estado, dentro del cual se cuenta con el apoyo de Fuerzas Armadas, Policía Nacional, Cuerpos de Bomberos, entre otros.

Informó, que en lo que va del año durante los meses de agosto y septiembre se ha sobrepasado las 300 descargas de agua, en los diferentes incendios forestales, vía aérea mediante la utilización de helicópteros;  lo que significa un aporte importante del Gobierno Nacional.

La Ministra, señaló que el 90% de los incendios fueron provocados por el hombre y de ahí la importancia de crear una conciencia en la ciudadanía.  Indicó que la Secretaría mantiene campañas de manera conjunta con el MAE en temas de incendios forestales. Además, de campañas permanentes a través de las brigadas comunitarias con los GAD’s  Municipales, Juntas parroquiales y con escuelas y colegios con el Ministerio de Educación. Hizo un llamado a la población para que denuncien aquellas personas que atentan contra los recursos naturales.

Por su parte, el Gobernador de Imbabura, Diego García resaltó el trabajo coordinado que ejecutaron las instituciones involucradas en el tema de respuesta en la provincia; además, de la colaboración de la población.

Las autoridades concordaron que la capacitación permanente a escuelas, colegios, instituciones y comunidades  permite crear una cultura de prevención, no solo ante los incendios, sino ante cualquier evento adverso que se presente en la provincia.

Protocolos de respuestas

Galo Valles, Director Zonal de la Coordinación de Gestión de Riesgos Zona 1, indicó que el flujo de información es validada y proporcionada por la SGR a través de su unidad de monitoreo y evaluación de eventos adversos. Esta información es enviada a los tomadores de decisiones. El presidente del Comité de Gestión de Riesgos CGR o Comité de Operaciones de Emergencia COE es el único vocero oficial según el nivel del evento adverso; pudiendo ser este, el presidente de la junta parroquial, el alcalde  o el gobernador.

Valles, explicó que existen protocolos de respuesta en cada  nivel de gobierno establecidos por la Secretaría. Cuando los recursos superan la capacidad de respuesta local se activa el siguiente nivel; transformándose en una responsabilidad provincial o a su vez nacional movilizando recursos provinciales o nacionales (ejército policía, helicópteros).

El director de la CGRZ1 explicó que el Comité de Gestión de Riesgos está creado para trabajar en temas preventivos para el antes, durante  y después. Mientras que  El Comité de Operaciones de Emergencia, COE es un espacio para la respuesta inmediata durante la emergencia.

Remediación ambiental

Segundo Fuentes, Coordinador Zonal 1 MAE¸ explicó que un incendio forestal se produce cuando hay daño a una masa arbórea. Hay que diferenciar entre lo que es quema agrícola e incendios forestales. Fuentes, indicó que en el incendio producido en Guayabillas se perdieron 47 especies arbóreas. La contaminación del aire y la disminución del recurso hídrico, son otras de las consecuencias.

Indicó que los incendios forestales afectan los cambios climáticos y el comportamiento del suelo en temas agrícolas. Fuentes señaló que el MAE lleva a delante a nivel nacional el Programa de Reforestación.

Sanciones

La Ley Forestal art 78.- El infractor que provoque incendios forestales será sancionado con el 100% del valor de restauración del área afectada.

El Código Penal.-  condena por delito ambiental de dos a cuatro años de prisión.